Ha sido ya tiempo desde que aparecieron las primeras letras arco iris en la sopa política: PUC (Pacto de Uniones Civiles, de larga data), AVC (Acuerdo de Vida en Común) y el sucedáneo AVP (Acuerdo de Vida en Pareja).
Y ahora apareció el último acrónimo: ACNM. El gobierno finalmente ha decidido actuar ante la promesa de campaña de Sebastián Piñera de promover alguna forma de reconocimiento a parejas que conviven sin haberse casado proponiendo el Acuerdo de Convivencia No-Matrimonial. Se trata de una fórmula deliberadamente vaga, diseñada para no actualizar el reconocimiento a las otras familias: las familias homoparentales que los ideólogos del reaccionarismo chileno buscan continuar marginalizando.
El mensaje que envía el gobierno es claro: se trata de un contrato de segunda clase--un "no-matrimonio" que ojalá ocurra lejos del Registro Civil--destinado a regular cuestiones esencialmente patrimoniales. El proyecto no establece un marco que proteja las uniones en sí, ni da un debido reconocimiento a la dignidad de las personas más allá de su orientación sexual. Ni hablar de cumplir con su deber de respetar y proteger a nuestras familias. En el mejor de los casos, se trata de crear un obstáculo más al ineludible debate sobre matrimonio igualitario.
El proyecto concede lo suficiente a la derecha dura como para hacerlo inaceptable para quienes nos vemos afectados por la legislación. En ese sentido, me reservo una dosis de escepticismo frente a las verdaderas intenciones del gobierno al presentar esta fórmula. Es un proyecto que no tiene viabilidad política, puesto que no será apoyado por nosotros ni nuestros aliados parlamentarios. Tampoco será a final de cuentas, apoyado por la derecha reaccionaria. Desde esa perspectiva, el Acuerdo de Convivencia No-Matrimonial sirve para tan solo crear la impresión de que las cosas cambian: que hay un gobierno que escucha y que hay un debate que se mueve hacia adelante.
Para que exista un verdadero debate, se debe escuchar a las organizaciones sociales que han luchado por nuestros derechos por más de veinte años, y que saben que ni pactos de unión civil ni el matrimonio igualitario son un fin en sí mismos. Como bien indicó el MUMS en su pasada ponencia ante el Congreso, la verdadera igualdad y justicia que anhelamos derivan no de legislación emblemática, sino de políticas públicas e iniciativas legales coherentes que garanticen los derechos de la diversidad sexual en su conjunto: en particular, el establecimiento de una ley anti-discriminación, la igualdad matrimonial, y un marco legal que se adapte ante diferentes formas de expresión e identificación de género.
Hoy por hoy, un verdadero debate sobre "uniones homosexuales" no existe. Esto, por cuanto el gobierno continúa buscando monopolizar los términos utilizados y por ende demarcar los límites del debate, divorciándolo de lo que son las reivindicaciones del movimiento por los derechos de la diversidad sexual.
Si el gobierno busca ganar esta batalla por las imágenes, las movilizaciones y la opinión pública demuestran que ya ha fallado.
