Quizás haya sido el incremento de las contradicciones, la dialéctica histórica, o el alineamiento de los astros. Quizás simplemente era cosa de tener a la derecha en el poder para que quienes sentían algún tipo de lealtad hacia la Concertación mientras fue gobierno se terminaran de sumar al tren del cambio.
Como sea: Chile se encuentra en una encrucijada que no podíamos haber vislumbrado hace incluso un año atrás. Se presentía movimientos importantes--una futura gran liberación de energía, telúrica en su magnitud. Su llegada con el movimiento estudiantil--junto con los sindicatos, un tradicional catalizador de las grandes luchas sociales de nuestra República--ha sido explosiva, sorprendente, gratificante… Un gran orgasmo social tras años de frigidez conservadora. Este es un nuevo Chile donde todo puede ocurrir.
El Gobierno y gran parte de la oficialidad--incluyendo parlamentarios de múltiples colores--parecen no entender el mensaje. Ellos mismos se han visto sorprendidos y sobrepasados por la persistencia y amplitud de un movimiento que va tanto más allá de las reivindicaciones puntuales de la mal habida reforma educacional. Esta es una crisis de representatividad, cuyo síntoma se veía ya en la exigua participación en un sistema que ha hecho de la despolitización una virtud. Son veinte años y contando de anti-política, que finalmente nos han pasado la cuenta.
Hoy se ve cuestionado un modelo completo. El objetivo del movimiento es el fin a esta anti-política que se basa en la reproducción de la desigualdad: la persistencia de la pobreza, además del trato inicuo e injusto hacia quienes somos de algún modo diferentes--no-hombres, no-"blancos", no-Santiago, no-ABC1, no-heteros…--como incentivo y premio al conformismo y la aspiración pequeño-burguesa a una igualdad sin diferencias.
En ese marco, el Gobierno hoy se cuelga desesperadamente a la última carta que le quedaba en ese gran juego de humo y espejos que confundió como programa: la regulación a las uniones de hecho. Esa carta que se esperaba humanizaría al Gobierno, y le daría una impronta liberal a una "nueva" derecha vencida y pinochetizada. Una carta que revela hoy en una gran ceremonia en La Moneda, el mismo día que marchan por la Alameda estudiantes y trabajadores pidiendo igualdad real.
Y sin embargo el Acuerdo de Vida en Pareja es un proyecto que promete igualdad legal, pero que en realidad se revela de color ambiguo. Crea una institucionalidad paralela, de trámites engorrosos y por el que nadie que se enorgullezca de asumir públicamente su sexualidad daría un maní.
Valga añadir que el Gobierno nuevamente ignoró a las organizaciones que han trabajado ésta como parte de tantas otras reivindicaciones, muchísimo más urgentes. O que con un afán divisionista y sesgado se excluyó a activistas lesbianas y gentes trans del debate y que por lo tanto no ha habido debate como tal. En otras palabras, se sigue gobernando desde arriba, sin escuchar a nadie, sin consensuar, y sin mediar. Se confunde aquí "igualdad" con un cambio cosmético, mientras lo que se pide es otro modo de hacer política--de crear comunidad.
Hoy, Chile pide Igualdad y Justicia, y mientras tanto el Gobierno en su miopía sigue ofreciendo migajas. En vez de mascaradas "liberales" queremos políticas sociales de verdad: una socialdemocracia. ¿Es mucho pedir?
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Primero posteado en el blog amigo Curvas Políticas. (8/12)
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15.8.11
2.10.10
El odio, o "Valores familiares"
Septiembre, en resumen...
La zafacoca en el Congreso por la bastante tautológica ley de feriados irrevocables, y las dilatadas maniobras del co-gobierno en torno a la reforma de la Ley Antiterrorista de Pinochet, acallaron la controversia por el abandono y posterior re-apadrinamiento del proyecto matrimonio igualitario patrocinado por Fulvio Rossi. Finalmente de los cuatro apóstatas, recapacitaron tres: falta sólo que Alejandro Navarro (MAS) se vuelva a subir al bus de los derechos humanos para todxs.
Eso, por supuesto, no significa que tengamos ya un final feliz a esta historia. Amparados bajo la indiferencia de los medios, un grupo de diputados oficialistas (entre ellos Nicolás Monckeberg y el invariablemente homofóbico Alberto Espina) introdujo un breve proyecto que enmienda el Artículo 1o de la Constitución. El Boletín N° 7198-07 del Congreso Nacional, con fecha 8 de septiembre, informa de un proyecto de ley que busca "fortalecer la protección a la familia." Nada más honorable que buscar fortalecer la familia, especialmente cuando a las nuestras el estado no las reconoce...
En los Antecedentes se indica que
Y sin embargo, el cambio a la Constitución propuesto por los senadores convertiría al Artículo 1o en lo siguiente:
Sólo a partir de aquí un par de observaciones.
Primero, salta a la vista la obsesión reproductiva del proyecto, que es, en el fondo una continuación de la ideología patriarcal y heterosexista presente en la Constitución de Pinochet.
Segundo, y más notable aún, es que el texto propone la producción legal (y reintroducción) de la dicotomía entre familias tradicionales y no-tradicionales, unas que sí tendrán protección y otras que no. Notable es la mención a las familias monoparentales, por cuanto la legislación las situaría de hecho fuera de la protección de la ley, al igual que las familias homoparentales, que son el objetivo más evidente del proyecto. (La mención al artículo 102 del Código Civil en los Antecedentes es importante por cuanto es ese el artículo que modifica el proyecto de Rossi.) Todo esto bajo la premisa de "defender a la familia."
El discurso de la crisis y defensa de la familia tiene una larga historia, tanto en Chile, como en Europa y Estados Unidos, donde grupos conservadores lo han invariablemente utilizado para justificar acciones regresivas y discriminatorias, que buscan preservar el privilegio de la clase dominante y el orden patriarcal. Es claro que los "valores familiares (family values)" a los que hacen referencia Monckeberg y sus cómplices no son nada más que un eufemismo para su odio contra la diferencia. Su proyecto es simplemente un intento desesperado por poner poner bajo control una realidad que los sobrepasa.
La inercia del gobierno ante las recomendaciones de la CIDH en el caso de Karen Atala, ha significado que el organismo tomó la decisión de demandar al Estado chileno por violar los derechos de ésta. La justificación utilizada por la Corte Suprema de Chile en el infame fallo que quitó sus hijas a Atala, se basó en la misma distinción entre "familias bien" y no-familias: el fallo simplemente consagró a la familia nuclear heteronormativa como la única que cuenta con protección del Estado. Ahora que la CIDH sentará precedente internacional contra este tipo de discriminación, el proyecto de Monckeberg pasará automáticamente a contravenir la jurisprudencia internacional en derechos humanos. Sin embargo la derecha (y parte de la Concertación) continúan buscando mecanismos para continuar reproduciendo esta odiosa distinción, como es, por ejemplo el Proyecto de Acuerdo de Vida Común presentado por el Senador Allamand, y lo que estimamos será el proyecto que emergerá del despacho del Ministro Larroulet.
La zafacoca en el Congreso por la bastante tautológica ley de feriados irrevocables, y las dilatadas maniobras del co-gobierno en torno a la reforma de la Ley Antiterrorista de Pinochet, acallaron la controversia por el abandono y posterior re-apadrinamiento del proyecto matrimonio igualitario patrocinado por Fulvio Rossi. Finalmente de los cuatro apóstatas, recapacitaron tres: falta sólo que Alejandro Navarro (MAS) se vuelva a subir al bus de los derechos humanos para todxs.
Eso, por supuesto, no significa que tengamos ya un final feliz a esta historia. Amparados bajo la indiferencia de los medios, un grupo de diputados oficialistas (entre ellos Nicolás Monckeberg y el invariablemente homofóbico Alberto Espina) introdujo un breve proyecto que enmienda el Artículo 1o de la Constitución. El Boletín N° 7198-07 del Congreso Nacional, con fecha 8 de septiembre, informa de un proyecto de ley que busca "fortalecer la protección a la familia." Nada más honorable que buscar fortalecer la familia, especialmente cuando a las nuestras el estado no las reconoce...
En los Antecedentes se indica que
...[La] familia como núcleo fundamental de la sociedad, está constituida por los padres y sus hijos, que han sido el fruto de la unión de un hombre y una mujer, con el ánimo de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse mutuamente. Dichos fines, tomados en consideración a partir del artículo 102 del Código Civil, nos permiten hablar de un modelo de familia tradicional.
No obstante lo anterior, reconocemos que el modelo de familia puede admitir otras figuras, las que deben ser consideradas por el ordenamiento jurídico: nos referimos a las familias monoparentales, aquellas formadas por la unión de hecho de un hombre y una mujer, o aquellas en las que el matrimonio se ha terminado por divorcio, o ha sido declarado nulo.
Y sin embargo, el cambio a la Constitución propuesto por los senadores convertiría al Artículo 1o en lo siguiente:
Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la
familia, propender al fortalecimiento deéstatoda unión de un hombre y una mujer realizada con el fin de vivir juntos, procrear, y auxiliarse mutuamente, así como también promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. (El énfasis marca la enmienda propuesta.)
Sólo a partir de aquí un par de observaciones.
Primero, salta a la vista la obsesión reproductiva del proyecto, que es, en el fondo una continuación de la ideología patriarcal y heterosexista presente en la Constitución de Pinochet.
Segundo, y más notable aún, es que el texto propone la producción legal (y reintroducción) de la dicotomía entre familias tradicionales y no-tradicionales, unas que sí tendrán protección y otras que no. Notable es la mención a las familias monoparentales, por cuanto la legislación las situaría de hecho fuera de la protección de la ley, al igual que las familias homoparentales, que son el objetivo más evidente del proyecto. (La mención al artículo 102 del Código Civil en los Antecedentes es importante por cuanto es ese el artículo que modifica el proyecto de Rossi.) Todo esto bajo la premisa de "defender a la familia."
El discurso de la crisis y defensa de la familia tiene una larga historia, tanto en Chile, como en Europa y Estados Unidos, donde grupos conservadores lo han invariablemente utilizado para justificar acciones regresivas y discriminatorias, que buscan preservar el privilegio de la clase dominante y el orden patriarcal. Es claro que los "valores familiares (family values)" a los que hacen referencia Monckeberg y sus cómplices no son nada más que un eufemismo para su odio contra la diferencia. Su proyecto es simplemente un intento desesperado por poner poner bajo control una realidad que los sobrepasa.
La inercia del gobierno ante las recomendaciones de la CIDH en el caso de Karen Atala, ha significado que el organismo tomó la decisión de demandar al Estado chileno por violar los derechos de ésta. La justificación utilizada por la Corte Suprema de Chile en el infame fallo que quitó sus hijas a Atala, se basó en la misma distinción entre "familias bien" y no-familias: el fallo simplemente consagró a la familia nuclear heteronormativa como la única que cuenta con protección del Estado. Ahora que la CIDH sentará precedente internacional contra este tipo de discriminación, el proyecto de Monckeberg pasará automáticamente a contravenir la jurisprudencia internacional en derechos humanos. Sin embargo la derecha (y parte de la Concertación) continúan buscando mecanismos para continuar reproduciendo esta odiosa distinción, como es, por ejemplo el Proyecto de Acuerdo de Vida Común presentado por el Senador Allamand, y lo que estimamos será el proyecto que emergerá del despacho del Ministro Larroulet.
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