El odio, o "Valores familiares"

Septiembre, en resumen...

La zafacoca en el Congreso por la bastante tautológica ley de feriados irrevocables, y las dilatadas maniobras del co-gobierno en torno a la reforma de la Ley Antiterrorista de Pinochet, acallaron la controversia por el abandono y posterior re-apadrinamiento del proyecto matrimonio igualitario patrocinado por Fulvio Rossi. Finalmente de los cuatro apóstatas, recapacitaron tres: falta sólo que Alejandro Navarro (MAS) se vuelva a subir al bus de los derechos humanos para todxs.

Eso, por supuesto, no significa que tengamos ya un final feliz a esta historia. Amparados bajo la indiferencia de los medios, un grupo de diputados oficialistas (entre ellos Nicolás Monckeberg y el invariablemente homofóbico Alberto Espina) introdujo un breve proyecto que enmienda el Artículo 1o de la Constitución. El Boletín N° 7198-07 del Congreso Nacional, con fecha 8 de septiembre, informa de un proyecto de ley que busca "fortalecer la protección a la familia." Nada más honorable que buscar fortalecer la familia, especialmente cuando a las nuestras el estado no las reconoce...

En los Antecedentes se indica que

...[La] familia como núcleo fundamental de la sociedad, está constituida por los padres y sus hijos, que han sido el fruto de la unión de un hombre y una mujer, con el ánimo de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse mutuamente. Dichos fines, tomados en consideración a partir del artículo 102 del Código Civil, nos permiten hablar de un modelo de familia tradicional.

No obstante lo anterior, reconocemos que el modelo de familia puede admitir otras figuras, las que deben ser consideradas por el ordenamiento jurídico: nos referimos a las familias monoparentales, aquellas formadas por la unión de hecho de un hombre y una mujer, o aquellas en las que el matrimonio se ha terminado por divorcio, o ha sido declarado nulo.

Y sin embargo, el cambio a la Constitución propuesto por los senadores convertiría al Artículo 1o en lo siguiente:

Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la
familia, propender al fortalecimiento de ésta toda unión de un hombre y una mujer realizada con el fin de vivir juntos, procrear, y auxiliarse mutuamente, así como también promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. (El énfasis marca la enmienda propuesta.)

Sólo a partir de aquí un par de observaciones.

Primero, salta a la vista la obsesión reproductiva del proyecto, que es, en el fondo una continuación de la ideología patriarcal y heterosexista presente en la Constitución de Pinochet.

Segundo, y más notable aún, es que el texto propone la producción legal (y reintroducción) de la dicotomía entre familias tradicionales y no-tradicionales, unas que sí tendrán protección y otras que no. Notable es la mención a las familias monoparentales, por cuanto la legislación las situaría de hecho fuera de la protección de la ley, al igual que las familias homoparentales, que son el objetivo más evidente del proyecto. (La mención al artículo 102 del Código Civil en los Antecedentes es importante por cuanto es ese el artículo que modifica el proyecto de Rossi.) Todo esto bajo la premisa de "defender a la familia."

El discurso de la crisis y defensa de la familia tiene una larga historia, tanto en Chile, como en Europa y Estados Unidos, donde grupos conservadores lo han invariablemente utilizado para justificar acciones regresivas y discriminatorias, que buscan preservar el privilegio de la clase dominante y el orden patriarcal. Es claro que los "valores familiares (family values)" a los que hacen referencia Monckeberg y sus cómplices no son nada más que un eufemismo para su odio contra la diferencia. Su proyecto es simplemente un intento desesperado por poner poner bajo control una realidad que los sobrepasa.

La inercia del gobierno ante las recomendaciones de la CIDH en el caso de Karen Atala, ha significado que el organismo tomó la decisión de demandar al Estado chileno por violar los derechos de ésta. La justificación utilizada por la Corte Suprema de Chile en el infame fallo que quitó sus hijas a Atala, se basó en la misma distinción entre "familias bien" y no-familias: el fallo simplemente consagró a la familia nuclear heteronormativa como la única que cuenta con protección del Estado. Ahora que la CIDH sentará precedente internacional contra este tipo de discriminación, el proyecto de Monckeberg pasará automáticamente a contravenir la jurisprudencia internacional en derechos humanos. Sin embargo la derecha (y parte de la Concertación) continúan buscando mecanismos para continuar reproduciendo esta odiosa distinción, como es, por ejemplo el Proyecto de Acuerdo de Vida Común presentado por el Senador Allamand, y lo que estimamos será el proyecto que emergerá del despacho del Ministro Larroulet.